RECURSO DE REVISIÓN DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

EXPEDIENTE: SUP-REP-73/2016

RECURRENTE: JORGE LÓPEZ MARTÍN

AUTORIDAD RESPONSABLE: SALA REGIONAL ESPECIALIZADA DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

MAGISTRADA PONENTE: MARÍA DEL CARMEN ALANIS FIGUEROA

SECRETARIO: CARLOS VARGAS BACA

Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciséis.

S E N T E N C I A

Que recae al recurso de revisión del procedimiento especial sancionador interpuesto por Jorge López Martín, a fin de controvertir la resolución de  cinco de mayo de dos mil dieciséis, dictada por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación[1], en el expediente SRE-PSC-40/2016 y su acumulado, en la que se determinó que eran inexistentes las infracciones objeto de los procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016 y UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016, por parte de Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Aguascalientes, respectivamente,  por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos” integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, así como de dichos partidos políticos; de Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes  y del organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes”, y

R E S U L T A N D O

PRIMERO. Antecedentes. De los hechos narrados en el escrito de demanda, así como de las constancias que obran en el expediente, se desprende lo siguiente:

1. Denuncias. El treinta de marzo de dos mil dieciséis, Jorge López Martín, en su carácter de Consejero del Poder Legislativo del Partido Acción Nacional[2], ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral[3], denunció la supuesta contratación y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, así como la violación al principio de imparcialidad en la utilización de recursos públicos, atribuible a Lorena Martínez Rodríguez, en su carácter de candidata de la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos” y de los partidos políticos que la integran, Revolucionario Institucional[4], Verde Ecologista de México[5], Nueva Alianza[6] y del Trabajo[7]; así como, a Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes, lo anterior, con motivo de la cobertura informativa que supuestamente otorgaron de manera indebida e inequitativa las emisoras XHRTA-FM 92.7 y XHCGA-TDT CANAL 26, a la candidata referida en el marco del proceso electoral que se celebra en el Estado de Aguascalientes.

El dos de abril de dos mil dieciséis, René Miguel Ángel Alpizar Castillo, en su carácter de Representante Suplente del PAN, ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral en Aguascalientes, y ante el Consejo Local del INE, denunció la supuesta contratación y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, la violación al principio de imparcialidad, así como actos anticipados de campaña, atribuible Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes, Lorena Martínez Rodríguez, candidata a la Gubernatura de Aguascalientes y José de Jesús Ríos Alba candidato a la Presidencia Municipal de Aguascalientes ambos por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, integrada por el PRI, PVEM, NA y PT, así como del Director del organismo público descentralizado “Radio y Televisión de Aguascalientes”; lo anterior, con motivo de la cobertura informativa en televisión que supuestamente otorgaron de manera indebida e inequitativa la emisora XHCGA, CANAL 26, a los candidatos referidos en el marco del proceso electoral que se celebra en el Estado de Aguascalientes.

2. Radicación e investigación. El treinta y uno de marzo de dos mil dieciséis, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral[8] del INE, radicó la primera denuncia y sus anexos con la clave UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016 y ordenó realizar diligencias de investigación relacionadas con los hechos denunciados.

Así mismo el veintiuno de abril de la misma anualidad, la autoridad instructora radicó la segunda denuncia y sus anexos con la clave UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016 y ordenó realizar diligencias de investigación relacionadas con los hechos denunciados.

3. Medidas Cautelares. El diecisiete de abril de dos mil dieciséis, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, aprobó el acuerdo identificado con la clave ACQyD-INE-41/2016, mediante el cual declaró improcedente la solicitud de medida cautelar en atención a que los hechos sometidos a su consideración habían sido consumados, es decir, a la fecha de la aprobación del acuerdo la difusión de los notas informativas había cesado. 

Por otra parte, declaró procedentes las medidas cautelares derivadas de una tutela preventiva hacia Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba a fin de que se abstuvieran de contratar, adquirir o convenir la difusión o publicaciones de sus actividades electorales, así como y al Director General de Radio y Televisión del Gobierno de Aguascalientes concesionario de la emisora identificada con las siglas XHCGA-TDT Canal 26, a fin de observar los principios de equidad y proporcionalidad en la en la cobertura a las candidatos a cargos de elección popular en el contexto del proceso electoral local de Aguascalientes.

4. Emplazamientos y audiencias. El veinte de abril del año en curso, la autoridad instructora dentro del expediente UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016, ordenó el emplazamiento a las partes a fin de celebrar la audiencia de pruebas y alegatos, la cual tuvo verificativo el veinticinco de abril siguiente.

En el caso del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016, el veintiocho de abril de dos mil dieciséis, la autoridad instructora acordó emplazar a las partes involucradas a la audiencia.

El dos de mayo, se realizó la audiencia en la cual se ofrecieron y desahogaron pruebas, presentándose los alegatos correspondientes.

5. Recepción de los expedientes en la Sala Regional Especializada. El veinte de abril y dos de mayo, ambos de dos mil dieciséis, se recibieron en la Oficialía de Partes de la Sala Regional Especializada los oficios mediante el cual la autoridad instructora remitió los expedientes de los referidos procedimientos especiales sancionadores. Una vez verificada su debida integración, el Magistrado Presidente de dicha Sala acordó formar los expedientes SRE-PSC-40/2016 y SRE-PSC-42/2016.

SEGUNDO. Sentencia de la Sala Regional Especializada. El cinco de mayo de dos mil dieciséis, la Sala Regional Especializada dictó sentencia, en los siguientes términos:

…

PRIMERO. Se decreta la acumulación de los procedimientos especiales sancionadores SRE-PSC-40/2016 y SRE-PSC-42/2016. En consecuencia, glósese copia certificada de los puntos resolutivos de esta sentencia a los autos del expediente acumulado.

SEGUNDO. Son inexistentes las infracciones objeto del presente procedimiento especial sancionador, por parte de Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Aguascalientes, respectivamente, por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos” integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y del Trabajo, así como de dichos partidos políticos; de Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes  y del organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes”, en términos de la presente ejecutoria.

…

TERCERO. Recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. En desacuerdo con dicha determinación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, Jorge López Martín interpuso recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional Especializada.

CUARTO. Remisión del expediente. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, se recibió en la Oficialía de Partes de esta Sala Superior el escrito de demanda y diversas constancias relativas a la tramitación del presente medio de impugnación.

QUINTO. Turno. El nueve de mayo de dos mil dieciséis, el Magistrado Presidente de esta Sala Superior acordó integrar el expediente SUP-REP-73/2016, así como turnarlo a la Ponencia de la Magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, para los efectos previstos en el artículo 19, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Dicho acuerdo se cumplimentó mediante oficio TEPJF-SGA-4099/16 suscrito por la Secretaria General de Acuerdos de este órgano jurisdiccional.

SEXTO. Tramitación. En su oportunidad, la Magistrada Instructora radicó y admitió el medio de impugnación y, al estimar que el expediente se encontraba debidamente integrado, declaró cerrada la instrucción, quedando el asunto en estado de dictar sentencia, y

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Esta Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para conocer y resolver el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador al rubro identificado, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17; 41, párrafo segundo, Base VI, y 99, párrafo cuarto, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 186, fracción III, inciso h), y 189, fracción XIX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como 3, párrafo 2, inciso f); 4, párrafo 1, y 109, párrafo 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, porque se trata de un medio de impugnación promovido para controvertir una resolución emitida por la Sala Regional Especializada de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

SEGUNDO. Procedencia. El presente medio de impugnación cumple los requisitos de procedencia previstos en los artículos 7, párrafo 1; 8 párrafo 1; 9, párrafo 1; 13, párrafo 1; 45; 109 y 110, párrafo 1, de la Ley General de Medios de Impugnación en Materia Electoral, conforme con lo siguiente:

1. Forma. La demanda se presentó por escrito ante la autoridad responsable, haciéndose constar el nombre y firma autógrafa del recurrente, su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como las personas autorizadas para ello; se identifica el acto impugnado y a la autoridad responsable; se mencionan los hechos en que se basa la impugnación; los agravios que causa el acto impugnado; los preceptos presuntamente violados y se ofrecen pruebas.

2. Oportunidad. El presente recurso fue interpuesto oportunamente, toda vez que, si bien la sentencia impugnada se dictó el cinco de mayo de dos mil dieciséis, se notificó al denunciante y actor en el presente medio de impugnación, el seis de mayo de dos mil dieciséis[9], en tanto que la demanda se presentó el nueve de mayo de dos mil dieciséis, esto es, dentro del plazo de tres días, aplicable para tal efecto.

3. Legitimación y personería. Los requisitos señalados están satisfechos, toda vez que quien interpuso el recurso es el mismo ciudadano que presentó la denuncia de mérito.

4. Interés jurídico. El recurrente cuenta con interés jurídico para interponer el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador en que se actúa, ya que impugna la sentencia que se dictó con motivo de la denuncia que presentó en contra de la supuesta contratación y/o adquisición de tiempos en radio y televisión, así como la presunta violación al principio de imparcialidad en la utilización de recursos públicos, atribuible a Lorena Martínez Rodríguez, en su carácter de candidata de la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos” y de los partidos políticos que la integran, PRI, PVEM, NA y PT; así como, a Carlos Lozano de la Torre, Gobernador del Estado de Aguascalientes, lo anterior, con motivo de la cobertura informativa que supuestamente otorgaron de manera indebida e inequitativa las emisoras XHRTA-FM 92.7 y XHCGA-TDT CANAL 26, a la candidata referida en el marco del proceso electoral que se celebra en el Estado de Aguascalientes.

Por ende, dado que el recurrente fue el denunciante en el procedimiento especial sancionador de origen, es evidente que sí tiene interés jurídico para controvertir la sentencia que recayó a la denuncia que presentó.

5. Definitividad. Esta Sala Superior advierte que no existe algún otro medio de impugnación que debiera agotarse por el recurrente antes de acudir a esta instancia federal, con lo cual debe tenerse satisfecho el requisito de procedencia bajo análisis.

TERCERO. Conceptos de agravio. El ciudadano recurrente aduce, en su escrito de revisión, los siguientes conceptos de agravio:

“AGRAVIOS:

FUENTE DEL AGRAVIO. Lo Constituye la “SENTENCIA de fecha 5 cinco de mayo de 2016, emitida en el expediente SRE-PSC-40/2016 y su acumulado, emitida por el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que aquí se menciona.

Artículos Constitucionales y Legales violados. Los artículos 14, 16, 17, 41 base IV, 99 fracción IX y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Concepto de Agravio. La resolución impugnada viola en mi perjuicio los principios de legalidad y exhaustividad establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 14, 16, 17, 41 base IV, 41 y 134, bajo los siguientes razonamientos:

El artículo 14 constitucional establece:

‘Artículo 14’. (Se transcribe).

El artículo 16 constitucional establece:

‘Artículo 16’. (Se transcribe).

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos el cual tiene el siguiente texto:

‘Artículo 17’. (Se transcribe).

De los primeros preceptos constitucionales se establece que el principio de Legalidad consistente en la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

Del Principio de Legalidad constitucional se pueden extraer los siguientes elementos:

1. Constar por escrito. Dicho elemento consiste en que todo acto de autoridad que pueda afectar de alguna manera la esfera jurídica de los ciudadanos o de las agrupaciones políticas debe constar por escrito;

2. Emanar de Autoridad competente. Tal elemento reviste que para que un acto de autoridad tenga eficacia jurídica es necesario que emane de una autoridad competente, entendida la competencia como el conjunto da(sic) facultades y atribuciones con el que el ordenamiento jurídico inviste a una determinada autoridad, cuya existencia, organización y funcionamiento están previstos en el propio conjunto normativo; y

3. Debida motivación y fundamentación. La motivación debe entenderse como el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que han determinado a la autoridad a emitir el acto, y la fundamentación en el entendido de la invocación del precepto jurídico que la autoridad considera aplicable al caso particular.

En este orden, es necesario admitir que la falta de alguno de los elementos acarrea que el acto emitido por la autoridad responsable, pueda configurarse que éste carezca de eficacia jurídica y por tanto devenga en ilegal.

Ahora bien, tal violación al principio de Legalidad se concretiza por la falta de fundamentación y motivación de la autoridad responsable al no observase la aplicación del artículo 17 y con ello el principio de Exhaustividad y congruencia en la Resolución emitida de la autoridad responsable.

El artículo 17 constitucional, anteriormente invocado, establece el principio de Exhaustividad el cual consiste en el examen que debe de hacer la autoridad con los puntos litigiosos que el quejoso solicitó sean resueltos, tal argumento se encuentra establecido en la Jurisprudencia emitida por esta H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

‘EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE’. (Se transcribe).

‘CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA’. (Se transcribe).

Como ha quedado expuesto en párrafos precedentes la determinación que por esta vía se impugna es violatoria del principio de legalidad, lo anterior se sostiene dado que la resolución carece de la debida fundamentación y motivación porque la autoridad señalada como responsable indebidamente realiza una interpretación de la causa de pedir hecha valer por el suscrito en el escrito de que dio origen al procedimiento sancionados (sic) así como un análisis incompleto de los hechos denunciados, sin dejar de mencionar la incorrecta aplicación de la norma electoral y del criterio emitido por esa Sala Superior.

Se afirma lo anterior toda vez que, como se aprecia a fojas 52 de la resolución que aquí se impugna, la responsable señala que en el caso no existen elementos de prueba respecto a programas completos señalando que en el caso sólo de denunciaron natas(sic) aislada(sic), por lo que no se puede evidenciar si efectivamente hubo o no una cobertura inequitativa. Dicho argumento resulta totalmente falaz por un lado e impreciso por otro, toda vez que la autoridad sustanciadora se allegó de elementos probatorios suficientes que permiten en primer término tener por acreditada la existencia y transmisión de las notas objeto de la denuncia y su existencia y autenticidad no fue objetada ni controvertida por el titular del Organismo Público denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes”.

A partir de dicha circunstancia se tiene que en la especie contrario a lo estimado por la responsable, sí se advierte un sesgo en la información presentada como notas periodísticas para difundir las actividades de campaña de los candidatos de la coalición denunciada pues, como se ha señalado desde el escrito inicial de queja, con la transmisión diaria de este tipo de contenidos, dentro de un mismo espacio televisivo, con un formato similar, en franjas horarias coincidentes y sin que se haya demostrado la cobertura noticiosa de otras campañas y candidaturas, se puede asegurar que la televisora denunciada promovió la candidatura de la C. Lorena Martínez sobre exponiéndola en dichos espacios sin que haya dado cobertura al resto de candidatos, muchas veces incluso ensalzando sus virtudes, cualidades y propuestas.

Así pues, contrario a lo señalado por la Sala Regional, en el caso concreto se advierte que sí existe indebida adquisición de espacios en televisión en favor de la C. Lorena Martínez pues, como a continuación se aprecia, el formato de dichas notas y menciones estuvo siempre orientado a la promoción de su persona, actividades y propuestas que, inclusive resultan ser coincidentes con las contenidas en la plataforma electoral registrada para tal efecto.

Ahora bien, resulta pertinente señalar que la responsable omitió pronunciarse respecto a las conclusiones manifestadas por el suscrito en la Audiencia de pruebas y alegatos tendientes a señalar la sistematicidad de la conducta y los elementos actualizados para considerar como indebida adquisición de espacios en televisión por los denunciados y que se hicieron consistir en las siguientes:

a) Que los mensajes se transmitieron en un mismo espacio informativo dentro de franjas horarias coincidentes y con un formato similar;

b) El formato en que éstos se presentaron contemplaba como elementos comunes en todos y cada uno de los casos los siguientes:

- La imagen de la persona de la C. Lorena Martínez a cuadro;

- La mención expresa de su nombre;

- La mención de su calidad de precandidata y candidata;

- La mención de los partidos políticos que la postulan, en particular del Partido Revolucionario Institucional;

- La referencia a sus propuestas de campaña mismas que resultan coincidentes con las plasmadas en la plataforma de campaña registrada por la Coalición “Aguascalientes grande y para todos”;

Igualmente, la responsable pretende omitir lo establecido por esta Sala Superior en los precedentes de los expedientes SUP-RAP-201/2009 y sus acumulados SUP-RAP-212/2009 y SUP-RAP-213/2009, SUP-RAP-234/2009 y sus acumulados SUP-RAP-239/2009, SUP-RAP-240/2009, SUP-RAP-243/2009 y SUP-RAP-251/2009, SUP-RAP-22/2010 y SUP-RAP-48/2010 al analizar el contenido de los mensajes denunciados pues de haberlo hecho así, habría llegado a la convicción de que aun cuando no se puede exigir un formato específico en el diseño de los programas o transmisiones en radio o televisión, respecto del género periodístico, lo cierto es que el derecho de libertad de expresión se encuentra limitado a que no constituyan un acto de simulación en contravención a la prohibición de que los partidos políticos o que cualquier tercero contrate o adquiera tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión con el objeto de influir en las preferencias electorales; argumento que igualmente fue sometido a su consideración en las diversas etapas del procedimiento y cobre(sic) el que de igual modo omite pronunciarse.

Por otro lado, al señalar la responsable que “los programas noticiosos, incluidos los que se transmiten en una televisora estatal, gozan de una protección especial en lo que respecta a la definición y tratamiento de sus contenidos” así como la aseveración de que la inequidad en la cobertura noticiosa no constituye por sí una falta de carácter electoral se aprecia una indebida motivación en el dictado de la resolución que nos ocupa.

Respecto a la indebida motivación, ésta se actualiza cuando sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero las mismas se encuentran en completa discordancia con el contenido de la norma legal que se aplica al caso concreto.

El argumento que antecede encuentra sustento en la Tesis aislada publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1816, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente:

‘FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR’. (Se transcribe).

En este orden de ideas, la garantía de fundamentación y motivación de un acto de autoridad puede verse cumplida de diferente manera, dependiendo de la autoridad de la que provenga el acto y de la naturaleza de éste, dado que mientras más concreto e individualizado sea el acto, se requerirá de particulares elementos para que sea admisible tener por cumplida dicha garantía, a diferencia de cuando el acto tiene una naturaleza de carácter abstracta, general e impersonal.

De los primeros preceptos constitucionales se establece el principio de Legalidad consistente en la garantía formal para que los ciudadanos y las autoridades electorales actúen en estricto apego a las disposiciones consignadas en la ley, de tal manera que no se emitan o desplieguen conductas caprichosas o arbitrarias al margen del texto normativo.

El artículo 17 constitucional anteriormente invocado, establece el principio de Exhaustividad y Congruencia, los cuales, consisten en el examen que debe de hacer la autoridad con los puntos litigiosos que el quejoso solicito sean resueltos, tal argumento se encuentra establecido en las Jurisprudencias emitidas por la H. Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ahora bien, es el caso que la determinación emitida por la Sala Regional Especializada carece de la debida fundamentación y motivación y además deviene incongruente, faltando a lo que le exigen los preceptos 14 y 16 de la Ley Suprema de la Nación. Lo anterior es así porque la responsable realiza una aplicación incorrecta de los procedentes emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que se han citado en los párrafos que anteceden.

Lo anterior es así pues en dichos precedentes se establecen los parámetros para determinar cuándo se está en presencia de una adquisición indebida de tiempos en radio y televisión, elementos que le son aplicables al caso concreto.

A fin que esta autoridad jurisdiccional arribe a la verdad legal de la cuestión planteada me permito aportar los siguientes medios de convicción:”

CUARTO. Estudio de fondo.

Esta Sala Superior estima que los motivos de agravio expuestos por el ahora recurrente, resultan en una parte infundados, y en otra inoperantes, como se expone a continuación

En primer término, cabe advertir que el ciudadano ahora recurrente señala que la sentencia impugnada viola el principio de legalidad, en razón de que, estima que la responsable incumplió con lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no atender los principios de exhaustividad y congruencia.

En este sentido, al decir del impetrante, la resolución carece de la debida fundamentación y motivación porque la autoridad señalada como responsable indebidamente realizó una interpretación de la causa de pedir que hizo valer en el escrito de que dio origen al procedimiento sancionador, así como un análisis incompleto de los hechos denunciados, además de que, desde su perspectiva, la responsable realizó una incorrecta aplicación de la norma electoral.

Lo anterior, en razón de que, en la resolución impugnada se señala que en el caso no existen elementos de prueba respecto a programas completos, señalando que en el caso sólo denunciaron notas aisladas, por lo que no se puede evidenciar si efectivamente hubo o no una cobertura inequitativa.

Al decir del impetrante, dicho argumento resulta totalmente falaz por un lado e impreciso por otro, toda vez que la autoridad sustanciadora se allegó de elementos probatorios suficientes que permiten, en primer término, tener por acreditada la existencia y transmisión de las notas objeto de la denuncia, además de que su existencia y autenticidad no fue objetada ni controvertida por el titular del Organismo Público denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes”.

Al respecto, cabe señalar que de la lectura de la resolución dictada por la Sala Regional Especializada, impugnada en el presente caso, se puede advertir que, al realizar el estudio de fondo, en primer término se estimó necesario atender lo relativo a la acreditación de los hechos denunciados, así como la correspondiente valoración probatoria.

En cuanto a la existencia, difusión y contenido de las notas denunciadas, relativas al expediente identificado con la clave SRE-PSC-40/2016, se precisa que el quejoso aportó a su denuncia, copia del oficio CPL-PAN/02/2016 de veintinueve de marzo, a través del cual solicitó a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos[10] del INE, el monitoreo de las notas informativas supuestamente difundidas de forma simultánea en el canal denominado  “Aguascalientes TV, Canal 6” XHCGA-TV y en la radiofrecuencia de la estación “Alternativa 92.7 FM”  XHRTA-FM, entre los días uno y veintidós de marzo de dos mil dieciséis, precisando que el quejoso detalló las siguientes fechas y horarios:

Al respecto, en la resolución impugnada se hace la precisión en el sentido de que, en la queja presentada se denuncian diecisiete notas informativas, sin embargo, en el requerimiento formulado a la DEPPP (oficio CPL-PAN/02/2016) por el propio denunciante, se advierte que solo solicitó el monitoreo sobre dieciséis notas, motivo por el cual únicamente fueron motivo de estudio en el procedimiento especial sancionador de mérito, aquellas sobre las que se pidió formalmente el monitoreo correspondiente.

Ahora bien, en la resolución impugnada se razona que, con base en la información requerida por el propio quejoso en su momento, en el oficio CPL-PAN/02/2016 de veintinueve de marzo, la DEPPP remitió el monitoreo solicitado mediante oficio INE/DEPPP/DE/DAI/1438/2016 de uno de abril, junto con los discos que incluyen los testigos de grabación de las notas informativas denunciadas, el cual fue considerado como documental pública con valor probatorio pleno, al ser emitido por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones legales, con base en los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.

Al respecto, la Sala Regional Especializada precisó que las notas supuestamente difundidas en la radiodifusora XHRTA-FM 92.7, no fueron localizadas por la DEPPP en las fechas y horarios que fueron señalados por el propio quejoso, en su solicitud presentada el veintinueve de marzo, ya que al revisar los testigos de grabación se advirtió un contenido radiofónico que no tenía relación alguna con la materia controvertida en el procedimiento sancionador de mérito.

Asimismo, la responsable sostuvo que dicha circunstancia atendía al hecho de que en el escrito inicial, el quejoso manifestó que la emisora de televisión XHCGA-TDT CANAL 26, tiene una transmisión simultánea en la emisora de radio XHRTA-FM 92.7, sin precisar mayor detalle al respecto o alguna circunstancia de modo, tiempo y lugar distinta, razón por la cual, el monitoreo efectuado por la DEPPP en la emisora de radio denunciada, se realizó en las mismas fechas y franjas horarias que el quejoso señaló para el solicitado en televisión, arrojando los resultados negativos antes referidos.

En razón de lo anterior, la Sala Regional Especializada precisó que, las supuestas notas informativas difundidas en radio no serían motivo de análisis, dado que su difusión no había quedado acreditada, no obstante que fueron monitoreadas conforme a lo solicitado por el propio quejoso, y sin que se aportaran al expediente otros elementos que acreditaran sus afirmaciones respecto a la emisora de radio.

Por otra parte, en la resolución ahora impugnada se razona que, de la revisión efectuada a los testigos de grabación remitidos por la DEPPP, respecto de la emisora de televisión identificada con la clave XHCGA-TDT CANAL 26, se advirtieron dieciséis notas informativas denunciadas, las cuales se relacionan con el proceso electoral que se celebra en el Estado de Aguascalientes, en los días uno, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once, diecisiete, dieciocho, veintiuno y veintidós de marzo de dos mil dieciséis, difundidas en el programa “NOTICIAS TV”, en su versión matutina y vespertina respectivamente.

En la resolución impugnada en el presente recurso, se precisa que las dieciséis notas informativas denunciadas y acreditadas en el expediente UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016, tienen el contenido siguiente:

Al respecto, no pasa inadvertido para esta Sala Superior, que las notas informativas antes precisadas y descritas en la resolución ahora impugnada, son retomadas en forma parcial, e incluso fuera del contexto que se puede advertir de las mismas, en cuanto cobertura informativa, por parte del ahora recurrente, en su escrito de demanda, tratando de darle una connotación de promoción de la figura de la candidata a la gubernatura del Estado de Aguascalientes, por parte de la coalición “Aguascalientes grande y para todos”, Lorena Martínez Rodríguez.

Además, en la resolución ahora impugnada se precisa que, en el mismo monitoreo presentado por la DEPPP, se advirtieron otras notas informativas, en las que no se hace referencia a Lorena Martínez Rodríguez, sino a otros temas electorales como es el caso, de dos notas sobre el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, tres notas relacionadas con las autoridades electorales, una nota sobre un candidato independiente, una nota sobre candidatos del PAN y tres notas sobre asuntos jurisdiccionales electorales locales, en los términos siguientes:

Ahora bien, al respecto, la Sala Regional Especializada precisa que, estas notas adicionales no son derivadas de monitoreos totales durante los programas noticiosos, sino que se encontraron en los horarios, con minutos específicos aportados por el denunciante, de ahí que, la materia de la controversia, se debía centrar en las notas denunciadas, presuntamente a favor de la candidata Lorena Martínez Rodríguez.

De tal forma, la responsable consideró que, en virtud de lo anterior, era posible tener por acreditada la existencia y difusión de las notas informativas denunciadas y difundidas en la señal que trasmite la emisora de televisión XHCGA-TDT CANAL 26, en el programa “NOTICIAS TV”, en su versión matutina y vespertina, respectivamente.

En este sentido, cabe advertir que en la resolución ahora impugnada se precisó que el contenido íntegro de cada una de las notas periodísticas del expediente UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016, se encuentra en el ANEXO UNO de la sentencia ahora impugnada.

Por otra parte, en cuanto a la existencia, difusión y contenido de las notas denunciadas en el escrito que dio origen al expediente SRE-PSC-42/2016, la Sala Regional Especializada advierte, en la resolución ahora impugnada, que el entonces quejoso precisó en su denuncia que en fechas uno, dos, cuatro, siete, ocho, nueve, diez, once, catorce, quince, diecisiete, dieciocho, veintiuno y veintidós de marzo de dos mil dieciséis, a través del canal 26 XHCGA cuyo concesionario es el Gobierno de Aguascalientes, en diversos horarios a través del programa Noticias Tv en sus ediciones matutino, vespertino y nocturno, transmitieron cobertura noticiosa inequitativa y en favor de Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba candidatos a la gubernatura y municipio de Aguascalientes respectivamente por la coalición “Aguascalientes grande y para todos” integrada por el PRI, PVEM, NA y PT, para lo cual el quejoso detalló las siguientes fechas y horarios:

En la resolución ahora impugnada, se precisa que la transmisión de los referidos espacios noticiosos, fueron corroborados y acreditadas por la Sala Regional Especializada, a partir de la información remitida por la DEPPP, a través del oficio identificado con la clave INE/DEPPP/DE/DAI/1685/2016, así como el testigo de grabación de los días referidos por la parte involucrada.

Cabe advertir que, tal y como se consigna en la resolución ahora cuestionada, el contenido íntegro de cada una de las notas periodísticas del expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016, se precisa en el ANEXO DOS de la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada.

En este sentido, se advierte que la Sala Regional Especializada razonó que, en atención a que los informes del DEPPP constituyen documentales públicas de pleno valor probatorio, al ser emitidos por una autoridad competente en ejercicio de sus funciones, se debía tener por acreditada la existencia y difusión de los materiales televisivos denunciados, en términos de los artículos 461, párrafo 3, inciso a), así como 462, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, la responsable consideró que, respecto de los testigos de grabación, toda vez que fueron anexados, mediante disco compacto, al oficio de la DEPPP, ello generaba certeza sobre su existencia y contenido de conformidad con la jurisprudencia 24/2010, de rubro "MONITOREO DE RADIO Y TELEVISIÓN. LOS TESTIGOS DE GRABACIÓN DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL TIENE, POR REGLA, VALOR PROBATORIO PLENO".

Al respecto, la Sala Regional Especialidad sostuvo que, tomando en consideración el canal, emisora, programa, fecha, horarios y contenido (en términos del ANEXO DOS de la sentencia ahora impugnada), se podía advertir que guardan similitud con los espacios informativos que forman parte de la queja presentada en el expediente UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016.

Al efecto, la Sala Regional Especializada plasmó en su resolución ahora cuestionada, el siguiente cuadro comparativo:

Ahora bien, en la sentencia dictada por la Sala Regional Especializada, se precisa que del análisis del contenido de las notas informativas correspondientes al expediente UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016, se advierte que se tratan temas de interés general o hechos relevantes con cobertura noticiosa.

Posteriormente, la Sala Regional Especializada, en la resolución ahora impugnada, analizó la calidad con la que se ostentaron Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, como candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Aguascalientes respectivamente, por la coalición denominada “Aguascalientes Grande y Para Todos”, integrada por los partidos políticos PRI, PVEM, NA y PT.

De igual forma, en la resolución dictada por la Sala Regional Especializada, se precisa el marco normativo relativo a la contratación y/o adquisición de tiempo en radio y televisión, así como respecto a la utilización indebida de recursos públicos.

Una vez hecho lo anterior, la Sala Regional Especializada se avocó a analizar el caso concreto, en torno a la presunta contratación y/o adquisición de tiempo en radio y televisión, advirtiendo que en las quejas, los denunciantes sustancialmente aducían que Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Aguascalientes, respectivamente, postulados por la coalición “Aguascalientes Grande y para todos”, así como los partidos políticos PRI, PVEM, NA y PT, que integran dicha coalición, contrataron y/o adquirieron tiempos en televisión con la finalidad de posicionar los nombres, partidos políticos y propuestas de gobierno de los referidos candidatos, lo cual constituye un beneficio que vulnera la equidad en la contienda para renovar al titular del Ejecutivo Estatal en Aguascalientes, así como al Presidente Municipal en contravención a los artículos 41, Base III, Apartado A, de la Constitución Federal y 159, párrafos 4 y 5 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Asimismo, la autoridad responsable señala que, al decir de los denunciantes, en el marco del proceso electoral que se celebra en dicha entidad federativa, la televisora XHCGA-TDT CANAL 26 ha otorgado indebidamente una mayor cobertura informativa a las actividades de los candidatos señalados, lo que ocasiona una cobertura inequitativa de espacios noticiosos respecto del resto de aspirantes que participan en la elección. 

Por último, la Sala Regional Especializada señala que, según los denunciantes, dicha cobertura noticiosa indebida (contratación y/o adquisición) e inequitativa cobra relevancia en tanto que el concesionario de la televisora denunciada, es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes” cuya dirección y administración corresponde, entre otros, al Gobernador del Estado, Carlos Lozano de la Torre, quien además cuenta con la facultad de designar al Director General de dicho organismo, de conformidad con la Ley que crea el organismo público descentralizado[11], así como los Estatutos[12] respectivos.

Por tanto, a consideración de los quejosos, dichas circunstancias configuran una violación al principio de imparcialidad previsto en el artículo 134 párrafo 7 de la Constitución Federal, ya que la difusión de cobertura noticiosa indebida e inequitativa en favor de los candidatos oficiales, por ser postulados por el mismo partido político en el poder, Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, se está realizando con recursos públicos y con la anuencia del Gobernador, en tanto que la misma se difunde por conducto de un canal de televisión estatal.

Precisado lo anterior, la Sala Regional Especializada sostiene, en la sentencia ahora impugnada que, del análisis probatorio que obra en autos, no se acreditaba la indebida contratación y/o adquisición de tiempos en televisión, atribuible a Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, candidatos a la gubernatura  y presidencia municipal de Aguascalientes, postulados por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”; a los partidos políticos PRI, PVEM, NA y PT, que integran dicha coalición, ni al organismo público descentralizado denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes” concesionario de la emisora XHCGA-TDT Canal 26, pues de las notas informativas denunciadas, que se tuvieron por acreditadas, se podía advertir que la cobertura informativa que recibieron los candidatos denunciados y la coalición que los postuló, en el marco del proceso electoral que se celebra en el Estado de Aguascalientes, derivaron de hechos noticiosos de interés general difundidos en programas que transmiten noticias, en un auténtico ejercicio periodístico efectuado por la televisora, así como de la libertad editorial e informativa que posee dicho medio de comunicación para definir sus contenidos.

Lo anterior, al decir de la Sala Regional Especializada, en razón de que la cobertura noticiosa efectuada por la televisora estatal respecto de actividades de interés público de Lorena Martínez Rodríguez, José de Jesús Ríos Alba y la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, atiende a hechos noticiosos que tienen por objeto informar a la ciudadanía respecto a la actividad de los aspirantes, precandidatos o partidos políticos, en el marco del proceso electoral que se desarrolla actualmente en Aguascalientes para renovar los cargos de elección popular, pues una de las funciones de los medios de comunicación, es precisamente poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia para el conglomerado social, a fin de contribuir a la formación de una opinión pública libre y de una sociedad más informada.

En este sentido, la Sala Regional Especializada consideró, en principio, que de los elementos de prueba que obran en el expediente no era posible advertir, si quiera indiciariamente una posible contratación de tiempos en la televisora XHCGA-TDT Canal 26, por parte de los candidatos o de los partidos políticos que integran la coalición que los postularon.

Asimismo, precisó que éstos, al comparecer al procedimiento, manifestaron que no habían realizado ningún contrato o convenio solicitando la difusión de las noticias relacionadas con Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, sino que las mismas fueron transmitidas como parte de la labor informativa del medio de comunicación señalado.

En el mismo sentido, la Sala Regional Especializada advirtió que, de las notas acreditadas en el monitoreo remitido por la DEPPP, se podía apreciar que las mismas tratan sobre la narración de hechos de interés general respecto a actividades de personas de relevancia pública, como es el caso de los candidatos señalados, máxime que está en curso el proceso electoral local.

A efecto de evidenciar la forma en que se realizó la distribución de notas informativas relacionadas con los candidatos y la coalición que los postuló, la Sala Regional Especializada elaboró un cuadro, que a continuación se reproduce:

A partir de lo anteriormente precisado, la Sala Regional Especializada sostiene, en la resolución dictada con motivo de los procedimientos especiales sancionadores, lo siguiente:

…

En virtud de lo anterior, se puede apreciar que la cobertura informativa que recibieron los candidatos y la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos” en los noticieros “NOTICIAS TV POR LA MAÑANA” y “NOTICIAS TV VESPERTINO”, atendió a diversas temáticas de interés general para la ciudadanía de dicha entidad federativa, en tanto que las notas periodísticas versaron sobre temas relacionados con: la postura de la candidata frente al tema de seguridad pública del Estado, su posición frente al impulso a la ciencia y la tecnología en el Estado, su intervención en la Convención Estatal de Delegados del PRI en el municipio de Calvillo, su asistencia en las comunidades de Villa Juárez y El Polvo, su opinión respecto a la migración de ciudadanos mexicanos a Estados Unidos, la resolución que confirmó la legalidad de la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, su posición frente al tema relativo a la equidad de género y el papel de las mujeres en la sociedad de Aguascalientes, la urgencia de generar empleos en el Estado, el estatus actual de su precandidatura de cara al proceso interno del PRI en Aguascalientes, así como su registro formal ante el Instituto Estatal Electoral del Estado.

Y por lo que hace a José de Jesús Ríos Alba, en su calidad de médico pediatra, se advierte  habla de distintos tópicos de salud, y tratamientos preventivos de distintas enfermedades, sin que se advierta algún tipo de proselitismo en sus declaraciones que tengan la finalidad de posicionar su nombre, imagen y propuestas de campaña.

Esto es, en las noticias se abordaron temáticas sobre cuestiones que trascienden al interés general de la ciudadanía, cuya única finalidad es informar sobre el desarrollo del proceso electoral que se celebra en Aguascalientes, y temas de otra índole, así como las actividades que llevan a cabo los sujetos involucrados en éste.

En ese contexto es que se presenta cobertura informativa relacionada con una ciudadana de relevancia pública, quien desempeñó el cargo de Presidenta Municipal del Municipio de Aguascalientes y ahora contiende a la Gubernatura del Estado, en la que se informa sobre las actividades que ha venido desarrollando con motivo de su participación dentro de las distintas etapas del proceso comicial que tiene lugar en dicha entidad federativa.

Y por lo que hace al candidato, se advierte una entrevista ajena al proceso electoral local, pues dada su calidad de médico pediatra y prestigio con el que cuenta en la entidad federativa, fue el formato en el que se desarrolló, sin que se hubiese propiciado temas de campaña con dicho tema.

Aunado a lo anterior, se advierte que las notas informativas fueron difundidas en un formato libre, propio de la labor informativa y periodística del noticiero, como agente noticioso y medio de comunicación encargado de poner en conocimiento de la ciudadanía los hechos y acontecimientos más relevantes del Estado de Aguascalientes en el marco de un proceso electoral, pues las mismas consistieron en la narración de algún hecho por parte del reportero, haciendo referencia a lo acontecido y lo expuesto en algún determinado lugar durante la etapa de precampaña (1 febrero a 11 de marzo), intercampaña (12 al 17 de marzo), así como noticias relativas a la etapa de registro de las candidaturas (18 al 24 de marzo) y diversas entrevistas realizadas a José de Jesús Ríos Alba en su calidad de pediatra (15 y 22 de marzo).

Asimismo, no se advierte una difusión sistemática o reiterada de noticias cuya finalidad sea posicionar a los candidatos en cuestión y a la coalición que la postula, propuestas de gobierno como lo refieren los quejosos, pues no existe ningún elemento que permita concluir que la intención de las noticias fuera difundir de manera integrada o subrepticia, publicidad de contenido electoral, ni posicionarlos o exaltarlos, por el contrario, se cuenta con elementos para concluir que su finalidad es difundir temas que, a juicio del medio de comunicación, resultan relevantes para la ciudadanía sobre las actividades de una aspirante a un cargo público, es decir, a través de la exposición y valoración de la información que presentan, los medios de comunicación fijan las condiciones necesarias para que el debate público sobre temas de interés general, sea fuerte, informado y vigoroso.[13]

Además, de las veintiún transmisiones de noticias, ocho están relacionadas con la (1) asistencia de la candidata a la Convención de Delegados del PRI en Calvillo, Aguascalientes; su asistencia a las comunidades de (2) Villa de Alvarez y (3) El Polvo; y, (4) el registro oficial de la candidatura de Lorena Martínez Rodríguez ante el Instituto Electoral local[14], así como de la candidatura de José de Jesús Ríos Alba, mismas que fueron repetidas tanto en el noticiero matutino como en el vespertino y nocturno del mismo día, dado que dicha circunstancia atiende propiamente a la libertad editorial e informativa con la que cuenta la televisora para definir sus contenidos de conformidad con su programación y preferencias, y  por ende, es común que la noticia de la mañana, dado el interés que pueda tener su contenido, se difunda el mismo día en el noticiero vespertino.

Es decir, la repetición de contenidos en dos ocasiones, por sí mismo, no actualiza de manera inmediata la infracción relativa a la contratación y/o adquisición indebida de tiempos en televisión, prohibida por la normativa electoral, como lo pretende el quejoso, dado que, como se mencionó, la televisora, al ser un agente noticioso, goza de plena libertad en la definición y tratamiento de sus contenidos, lo que implica decidir que noticias pueden duplicarse, dada su trascendencia para el conglomerado social.

De manera que, realmente se trata de notas informativas, sobre hechos noticiosos ocurridos del primero al veintidós de marzo, de las cuales cuatro notas se replicaron una vez más en otro noticiero, dada la trascendencia que estimó la televisora al definir sus contenidos.

En ese sentido, dicha libertad editorial se robustece con lo manifestado por el Director General de Radio y Televisión de Aguascalientes al comparecer al procedimiento, en el sentido de que el género del programa de noticias denunciado es “periodístico informativo”, cuyo contenido se centra en los hechos y acontecimientos relevantes que se suscitan en el Estado y que por su trascendencia puede ser de interés para la ciudadanía.

Al respecto, sobre lo que implica la libertad editorial e informativa, para definir el contenido de los programas noticiosos, este órgano jurisdiccional ha desarrollado a través de la labor jurisdiccional, una línea interpretativa sobre el contenido y alcance de dichas libertades en el siguiente sentido:

“…Si bien la producción y difusión de “Chacoteando la noticia” corre a cargo de Televisora de Hermosillo, S.A. de C.V., un organismo público descentralizado de la administración pública de Sonora que se nutre de recursos públicos, y que por lo tanto se encuentra sujeto al principio de imparcialidad en el uso de éstos, de conformidad con el artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, no menos cierto es que los programas noticiosos gozan de una protección especial en lo que respecta a la definición y tratamiento de su contenido, inclusive aquél de tipo satírico.” […] la elección de su contenido y tratamiento informativo se encuentra amparada por la libertad comunicativa, en razón de su carácter de agente noticioso y del papel que juega como difusor de la información de interés público.” [15]

[…] la difusión y contenido de “Chacoteando la noticia” no contraviene el principio de imparcialidad en el uso de los recursos públicos, pues como agente noticioso, goza de plena libertad editorial en la definición y tratamiento de sus contenidos.” […] pues un régimen de auténtica libertad comunicativa, propio de una sociedad democrática, implica que más allá de su contenido satírico o de cualquier otra índole, los agentes noticiosos gocen de plena discrecionalidad en la elección de las piezas informativas que, a su juicio, resulten relevantes para su auditorio, sin parámetros previos que impongan o restrinjan contenidos específicos, más allá de los límites que el propio artículo 6 constitucional prevé al efecto.” [16]

“…un medio de comunicación social, en sus programas noticiosos tiene un margen amplio de libertad de contenidos, pues depende de los hechos que generan interés noticioso para la ciudadanía y las entrevistas cumplen una función informativa, máxime durante una campaña electoral, debiendo privilegiar la neutralidad y objetividad informativa.”[17]

Como se advierte, este órgano jurisdiccional ha favorecido la libertad de los medios de comunicación social, para la definición y tratamiento de sus contenidos, a partir de los hechos y acontecimientos, que, desde su punto de vista, tienen un interés público y una trascendencia periodística relevante, máxime cuando se trata de noticias que se desenvuelven dentro del contexto de un proceso electoral, dada su implicación directa e inmediata en el mismo.[18]

De igual forma, la Sala Superior ha sostenido que cotidianamente los medios de comunicación de cualquier naturaleza, generan noticias, entrevistas, reportajes o crónicas cuyo contenido refieren elementos de naturaleza electoral, con la finalidad de dar a conocer situaciones atinentes a los aspirantes, candidatos o partidos políticos en el marco de un proceso electoral, y ese proceder, se debe considerar lícito al amparo de la libertad de expresión e información, pues una de las funciones de los medios de comunicación es poner a disposición de la ciudadanía todos los elementos que considere de relevancia para el conglomerado social, lo que beneficia una verdadera democracia constitucional. [19]

Por tanto, la labor periodística y actividades de la televisora denunciada, gozan de una protección especial, al considerarse un elemento fundamental para la vigencia de las demás libertades que integran el sistema democrático, en atención a la relevancia de la libertad de expresión en una sociedad democrática.[20]

Esta precisión sobre el valor de la libertad de expresión en el contexto democrático adquiere mayor relevancia cuando el contenido es, precisamente, de carácter político, pues existe un especial interés en garantizar el libre desarrollo de una comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principio de legitimidad democrática.[21]

En el mismo sentido, lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1ª CCXV/2009, de rubro: “LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU IMPORTANCIA EN UNA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL”, en la que se destaca que la libre circulación de noticias, ideas y opiniones, propias de la labor periodística de los medios de comunicación, así como el más amplio acceso a la información por parte de la sociedad en su conjunto, son condiciones todas ellas indispensables para el adecuado funcionamiento de la democracia representativa, lo cual contribuye a la formación de una opinión pública y de una sociedad más informada.

De igual forma, lo sostuvo la Primera Sala en la tesis 1a. XXII/2011 de rubro: “LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN. SU POSICIÓN PREFERENCIAL CUANDO SON EJERCIDAS POR LOS PROFESIONALES DE LA PRENSA”, al sostener que las libertades de expresión e información alcanzan un nivel máximo cuando dichos derechos se ejercen por los profesionales del periodismo a través del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública, que es la prensa, entendida en su más amplia acepción. Al respecto, la libertad de expresión tiene por finalidad garantizar el libre desarrollo de una comunicación pública que permita la libre circulación de ideas y juicios de valor inherentes al principio de legitimidad democrática. Así, las ideas alcanzan un máximo grado de protección constitucional cuando: a) son difundidas públicamente; y b) con ellas se persigue fomentar un debate público.

Por tanto, dadas las particularidades del caso concreto, se estima que la cobertura que el medio de comunicación otorgó a la candidata, fue en atención a una autentica labor informativa sobre hechos noticiosos de interés general, lo cual, no puede considerarse como una indebida adquisición y/o contratación de tiempos en radio y televisión, acorde a la jurisprudencia de la Sala Superior de este Tribunal 29/2010, de rubro: “RADIO Y TELEVISIÓN. LA AUTÉNTICA LABOR DE INFORMACIÓN NO CONTRAVIENE LA PROHIBICIÓN DE ADQUIRIR O CONTRATAR TIEMPO”, en la que se señala que la prohibición no comprende el utilizado por los medios de comunicación en la auténtica labor de información, puesto que ésta implica el derecho de ser informado, siempre que no se trate de una simulación, circunstancia que como ya se precisó, no se actualiza en la especie, pues no existe sistematicidad o algún elemento que derive en una publicidad encubierta.

Cabe precisar, que además de las notas denunciadas y cuyo monitoreo específico con fecha y horario solicitó el denunciante, en el monitoreo de la DEPPP en esa misma franja horaria, se advirtieron otras notas informativas, sin embargo, se tratan de noticias sobre diversos temas, sin que estén referidas a los candidatos Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, sino que se presentan en el monitoreo porque el partido denunciante solicitó el monitoreo en un rango de minutos específicos por el propio quejoso.

Dichas notas informativas adicionales, se relacionan con diversos temas, como el INE y la fecha límite para recoger la credencial de elector, los plazos para el registro de candidatos, el registro del candidato independiente Jaime del Conde y con el proceso interno del PAN de cara a la elección de Gobernador y con las resoluciones jurisdiccionales emitidas por Tribunales de justicia electoral.

Por otra parte, respecto a lo señalado por el quejoso en relación a que existe un trato desigual que evidencia una cobertura informativa inequitativa a favor de la candidatura de Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba y en detrimento del resto de aspirantes, precandidatos y candidatos que participan en el proceso electoral en Estado de Aguascalientes, debe decirse que:

No obstante lo anterior, debemos recordar que los programas noticiosos gozan de una protección especial en lo que respecta a la definición y tratamiento de su contenido, sin embargo, también debe decirse que los medios de comunicación tienen un deber de velar por una cobertura noticiosa ecuánime respecto de lo realizado por todos los participantes de una contienda electoral y se les deben abrir espacios para que todos emitan sus opiniones, a fin de dar información a la ciudadanía a través de un auténtico ejercicio periodístico y en las mejores condiciones de equidad y pluralidad posible, atendiendo a la naturaleza de la noticia.

Aunado a ello, se debe precisar que no existe norma legal alguna que establezca parámetros a las concesionarias de radio y televisión para dar cobertura o tiempo determinado a los partidos políticos, toda vez que esta actividad queda comprendida en el derecho que tienen a la labor periodística y la libre manifestación de ideas.[22]

Es decir, a pesar de que la normativa electoral no prevé una obligación específica para los medios de comunicación en relación a la difusión paritaria de sus contenidos informativos y noticiosos, dada la naturaleza de los hechos noticiosos, lo cierto es que, sí están conminados a mantener la neutralidad y abrir los espacios a todas las opciones políticas, a fin de otorgar a los electores todas las posturas ideológicas durante un proceso comicial, en horarios y formatos similares, ya que las labores periodísticas y las actividades de la prensa son elementos fundamentales para la consolidación de una opinión publica plural y una sociedad informada.

Lo anterior, no obstante que en el presente procedimiento no se aportaron elementos de prueba respecto a programas completos, pues solo se denunciaron notas aisladas, por tanto, no se puede evidenciar si efectivamente hubo o no una cobertura inequitativa entre todos los actores políticos que participan en el proceso electoral de Aguascalientes, pues el quejoso, al solicitar directamente el monitoreo ante la DEPPP, se limitó a señalar las fechas y franjas horarias con minutos específicos que a su juicio eran suficientes para evidenciar los ilícitos denunciados.

En consecuencia, se determina la inexistencia de las infracciones consistentes en la contratación y/o adquisición de tiempo en televisión atribuidas a Lorena Martínez Rodríguez y José de Jesús Ríos Alba, en su carácter de candidatos a la gubernatura y presidencia municipal de Aguascalientes postulados por la coalición “Aguascalientes Grande y Para Todos”, de los partidos políticos que la integran y del organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de Aguascalientes, denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes”, concesionaria del canal de televisión XHCGA-TDT CANAL 26; así como de la emisora de radio XHRTA-FM 92.7, ya que sobre esta última no se acreditó transmisión alguna.

…

Como puede advertirse de todo lo antes expuesto, contrariamente a lo alegado por el ahora recurrente, la Sala Regional Especializada sí realizó un análisis completo, tanto de los hechos denunciados, como del material probatorio aportado y derivado de las denuncias que dieron origen los procedimientos especiales sancionadores identificados con las claves UT/SCG/PE/JLM/CG/37/2016 y UT/SCG/PE/PAN/CG/54/2016, y que se resolvieron con el dictado de la sentencia recaída a los expedientes SRE-PSC-40/2016 y SRE-PSC-42/2016, acumulados. 

De ahí, que los agravios expuestos por el recurrente, como se anticipó, devengan en infundados.

En este sentido, no escapa a esta Sala Superior, el hecho de que el ahora recurrente alega que resulta falaz el argumento de la responsable, cuando sostiene que en el caso no existen elementos de prueba respecto a programas completos señalando que en el caso sólo de denunciaron notas aisladas, por lo que no se puede evidenciar si efectivamente hubo o no una cobertura inequitativa.

Al respecto, esta Sala Superior considera necesario precisar que, si bien es cierto que la autoridad sustanciadora se allegó de elementos probatorios suficientes que le permitieron, tener por acreditada la existencia y transmisión de las notas objeto de las denuncias, además de que su existencia y autenticidad no fue objetada ni controvertida por el titular del Organismo Público denominado “Radio y Televisión de Aguascalientes”, ello resulta insuficiente para arribar a la conclusión que pretende el ahora recurrente.

En efecto, a partir de haber acreditado la existencia y transmisión de las notas informativas denunciadas, ello por sí solo, no puede llevar a concluir que existió un sesgo en la información presentada como notas periodísticas para difundir las actividades de campaña de los candidatos de la coalición denunciada.

Para poder determinar si dichas notas informativas representaron un sesgo en la información respecto del resto de las campañas electorales que se encuentran desarrollándose en el Estado de Aguascalientes, era necesario que, de conformidad con lo previsto en los artículos 461 y 462, en relación con lo dispuesto en el artículo 471, párrafos 1, 2, 3 y 4, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, los entonces denunciantes aportaran los elementos de convicción necesarios para realizar un análisis en ese sentido, precisando, por ejemplo, la forma en que las campañas electorales de otros candidatos o partidos políticos eran abordadas dentro de los distintos programas informativos, que durante el periodo denunciado, fueron transmitidos en el canal de televisión identificado con la clave XHCGA CANAL 26, precisando los momentos en que se hacía referencia o se trataba lo relativo a los diversos contendientes en el proceso electoral local.

Esto es así, pues solamente podría llegar a determinarse si efectivamente existió un trato diferenciado, o incluso omisivo, respecto de los restantes actores electorales en el proceso electoral que se desarrolla en el Estado de Aguascalientes, a partir de realizar un estudio comparativo, respecto de las notas informativas denunciadas, frente al resto de las campañas electorales en curso en esa entidad federativa, evidenciando, por una parte, que los partidos políticos y sus candidatos sí realizaron actos o eventos de campaña, y la forma en que estos fueron abordados en los programas informativos, o si fueron ignorados dentro de las diversas notas informativas transmitidas en el canal de televisión objeto de las denuncias, y en los días precisados en las mismas.

Al respecto, cabe señalar que, como se expresó previamente[23], por una parte, la Sala Regional Especializada, en la resolución controvertida en el presente medio de impugnación, precisó que en el mismo monitoreo presentado por la DEPPP, se advirtieron otras notas informativas, en las que no se hacía referencia a Lorena Martínez Rodríguez, sino a otros temas electorales como es el caso, de dos notas sobre el candidato del PRI a la Presidencia Municipal de Aguascalientes, tres notas relacionadas con las autoridades electorales, una nota sobre un candidato independiente, una nota sobre candidatos del PAN y tres notas sobre asuntos jurisdiccionales electorales locales; mismas que fueron plasmadas en la sentencia de la ahora responsable.

De igual forma, la Sala Regional Especializada advirtió que, estas notas adicionales no eran derivadas de monitoreos totales durante los programas noticiosos, sino que se encontraron en los horarios, con minutos específicos aportados por el denunciante, de ahí que, la materia de la controversia, se debía centrar en las notas denunciadas, presuntamente a favor de la candidata Lorena Martínez Rodríguez.

En este sentido, en el caso resulta insuficiente la mera manifestación genérica del ahora recurrente, en el sentido de que se trató de la transmisión diaria de este tipo de contenidos, dentro de un mismo espacio televisivo, con un formato similar, en franjas horarias coincidentes, pues no existen elementos de prueba que, se insiste, debieron ser precisados y aportados por los denunciantes, a efecto de que la autoridad electoral estuviera en posibilidad de analizar, si en determinado momento, efectivamente no se dio la cobertura noticiosa de otras campañas y candidaturas, o esta fue en condiciones distintas respecto de la candidatura de la C. Lorena Martínez Rodríguez.

De tal forma, los argumentos del recurrente, en el sentido de que, contrariamente a lo señalado por la Sala Regional Especializada, en el caso concreto se puede advertir que sí existió la indebida adquisición de espacios en televisión en favor de la C. Lorena Martínez Rodríguez, resultan inoperantes, en razón de que se trata de manifestaciones genéricas, que no se sustentan en argumentos y probanzas que hubiesen sido debidamente planteados y ofrecidas, en su oportunidad, a efecto de poder haber realizado el estudio de los alegatos en el sentido de que las notas informativas denunciadas tuvieron un sesgo, tendente a favorecer la promoción de dicha candidata, en cuanto a su persona, actividades y propuestas; que resultaban ser coincidentes con las contenidas en la plataforma electoral registrada para tal efecto, y que ello fue además, en una actitud claramente diferenciada, respecto de otros candidatos y partidos que participan en el proceso electoral que actualmente tiene lugar en el Estado de Aguascalientes.

Finalmente, resultan igualmente inoperantes los argumentos del recurrente, en el sentido de que existe una indebida motivación de la resolución ahora impugnada, cuando la Sala Regional Especializada expone que los programas noticiosos, incluidos los que se transmiten en una televisora estatal, gozan de una protección especial en lo que respecta a la definición y tratamiento de sus contenidos, pues además de que el impetrante únicamente realiza manifestaciones de carácter genérico, en el sentido de que la determinación emitida por dicha Sala carece de la debida fundamentación y motivación y que además deviene incongruente, faltando a lo que le exigen los preceptos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, porque, el impetrante solamente alega que la Sala Regional Especializada responsable realiza una aplicación incorrecta de los procedentes emitidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, sin exponer mayores argumentos en torno a en que forma los precedentes resultarían aplicables al caso concreto, y partir de qué medios de convicción podría realizarse un razonamiento en tal sentido.

Por lo expuesto y fundado se

R E S U E L V E:

ÚNICO. Se confirma la resolución impugnada.

NOTIFÍQUESE, como corresponda.

En su oportunidad, devuélvanse los documentos atinentes y archívese el expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron y firmaron los Magistrados que integran la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con la ausencia del Magistrado Pedro Esteban Penagos López, ante la Secretaria General de Acuerdos que autoriza y da fe.